El procedimiento penal puede afectar tanto a los derechos más fundamentales de la persona como al patrimonio de la misma, y es la materia donde las resoluciones judiciales alcanzan la mayor restricción en dichos derechos, es por ello, que quizá, sea la materia que mayor especialización y cualificación requiere en la defensa de los intereses jurídicos del afectado.

El artículo 31 bis del Código Penal prevé la responsabilidad penal de la personas jurídicas, y con ello, que las empresas puedan ser directamente objeto de persecución penal. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto la necesaria existencia de programas adecuados de compliance en las empresas para determinar la ausencia de responsabilidad penal de las mismas.